El 80% de los compradores de viviendas tienen problemas jurídicos una vez que han cerrado la operación, lo que podría evitarse consultando a un asesor integral inmobiliario antes de firmar cualquier documento.

 

Así, sólo el 5% de los compradores cuentan con el asesoramiento jurídico adecuado para la compra de una casa, lo que supone que el resto puede firmar operaciones que resulten negativas para sus intereses.

 

Los problemas jurídicos más habituales se centran en que el cliente anticipa la cantidad estipulada por el promotor y la casa finalmente no se construye, así como el que la vivienda entregada no cumple con las calidades estipuladas en la promoción.

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